En una gestión pública no todo lo que ocurre se puede encasillar como “blanco” o “negro”. Hay matices, hay situaciones que se pelean con la ética, o que chocan de contra la moral, sin que por ello sus protagonistas sean corruptos o tengan conductas incorrectas.
En ocasiones, un espacio de poder en la administración pública puede posicionar al funcionario por encima del común de los ciudadanos a la hora de planificar inversiones.
No es caprichoso, en ese aspecto, que a los profesionales que se insertan en la función pública se les pague un plus salarial por retención de título.
¿A qué vienen estas afirmaciones iniciales? En estos días, las suspicacias encuentran alimento en el debate que se genera alrededor de la obra de agua corriente en el barrio Hostería San Antonio Sur.
Hace meses que los vecinos, y más tarde los concejales de la oposición, quieren saber por qué el gobierno encabezado por Miguel Prince se empecina en realizar un tendido de agua corriente cuando la comunidad barrial expone su negativa. Y argumenta, entre otras cosas, que hay barrios con mayor prioridad para ese servicio o que el agua de pozo que ellos consumen es de muy buena calidad.
Semanas y semanas de silencio hasta que el oficialismo sale a admitir que todas las gestiones actuales le corresponden a la Provincia y que solamente desde ese ámbito se lograría paralizar las máquinas.
Se explicó, además, que el Banco Mundial sólo aprobó la financiación de obras de agua corriente, pero no hay noticias sobre las cloacas. Más red de agua, sin cloacas que contengan los residuos líquidos.
En coincidencia con esa explicación, a horas de pegar el portazo y alejarse de la gestión comunal, aparece el decreto firmado por el intendente Prince mediante el cual se gestiona la construcción de un barrio cerrado a escasos metros de la obra planificada.
¿Casualidad o maniobra orquestada? ¿Por qué en el plenario de concejales y vecinos, realizado la semana pasada, la arquitecta Isabel Otero, secretaria de Obras y Servicios Públicos, no expuso esta información?
No se necesita ser un especialista en inversión inmobiliaria para saber que una calle asfaltada, un tendido de agua corriente, una servicio de luz, una extensión de la red de cloacas o mejoras en los accesos son cuestiones que se resuelven en los escritorios municipales y que incrementan, notablemente, las cotizaciones de terrenos y propiedades.
En todo caso, será cuestión de mantener la atención sobre las ocupaciones que pasarán a tener los profesionales vinculados con las obras y los servicios públicos a partir de diciembre. No queremos ser malpensados. No queremos tejer sospechas sobre potenciales beneficios económicos a través de obras que ellos mismos autorizaron meses atrás.
En realidad, no queremos -después del 10 del diciembre- entender por qué hay mejoras en sitios que los vecinos no pidieron y siguen faltando en zonas que piden esos servicios a gritos.
Sin ánimo de avivar el fuego, sino más bien como aporte informativo, cabe preguntarse qué lógica explica que una obra de agua corriente, en una zona sin problemas para el abastecimiento de ese recurso, no esté acompañada de cloacas. Es bueno preguntarse a quién beneficia. Entre otros, a las empresas de tanques atmosféricos.
miércoles, 28 de noviembre de 2007
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