Si, con esfuerzo, logramos esquivar la euforia que ofrecen los grandes medios de prensa por el aumento a los jubilados anunciado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner –pero anticipado por el diario Clarín de un domingo, al igual que el pacto Lavagna-Kirchner-, nos daremos cuenta de alguna omisión y, según parece, también de presuntos errores en los cálculos.
La omisión es básica: el gobierno eleva unos pesos los ingresos de los jubilados y posterga, quién sabe hasta cuándo, el tratamiento de una ley que determine la movilidad en los haberes. Porque una cosa es limosnear los ingresos de los abuelos cada tanto (como ocurre ahora), y otra muy diferente es establecer un sistema de movilidad que se rija por los incrementos salariales de cada sector laboral.
¿Y el presunto error en el cálculo? “La suba dispuesta ayer (por el lunes) elevará el haber mínimo a 689 pesos en julio y se hará efectiva en dos cuotas iguales. El gobierno vendió un aumento del 15 por ciento, pero en realidad para este año será de sólo el 11% si se considera que entre marzo y julio será de sólo el 7,5 por ciento, y que recién a partir del séptimo mes se completaría el resto de la mejora”, detalla en su página web “Crítica de la Argentina”, el futuro diario de Jorge Lanata.
Ese enfoque, que lamentablemente está ausente en otros medios de difusión, repara en que con el anuncio del aumento se busca aplazar la discusión de la movilidad automática hasta julio (por lo menos), a pesar de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en sus dos últimos fallos sobre el tema.
Pero esos dos datos sueltos no son lo más interesante que aparece en esa crónica diferente referida al gran aumento anunciado para los jubilados. Ese trabajo periodístico reparó en la lógica de bolsillo; en esa lógica que choca de frente contra los oficialistas apurados que salen a pregonar los distintos incrementos que otorgó el co-gobierno de Cristina y Néstor y que, por fanatismo o ceguera, no quieren observar cómo fue perdiendo poder adquisitivo el bolsillo de la tercera edad.
Bajo el título “Ganadores y perdedores”, se indica que “las distintas categorías de jubilaciones no tuvieron los mismos aumentos desde la salida de la convertibilidad. Los que más ganaron fueron los jubilados con haberes menores a 300 pesos. Este tramo acumuló aumentos de hasta 238 por ciento. Los que casi empataron ganan entre 300 y 413 pesos, con incrementos de 103 por ciento. Los que perdieron fueron los jubilados que cobran más de 414 pesos. Los de hasta 1.342 pesos perdieron un 63% de poder de compra. Más perjudicados fueron los de más de 1.343 pesos mensuales, cuyo haber puede comprar 74% menos que en 2001”.
En una de sus últimas visitas a Luján como gobernador, Felipe Solá mantuvo un breve diálogo con integrantes del batallador Grupo de Jubilados Independientes. Uno de ellos le habló de la necesidad de establecer por ley movilidad en los haberes y Solá esquivó el planteo asegurando que “el gobierno nacional aumentó más que ningún otro el ingreso de los jubilados”. “Sí, pero antes de 2001 con lo que cobraba compraba muchos más kilos de papa que los que compro ahora”, dijo el jubilado. Y Solá no respondió.
martes, 26 de febrero de 2008
martes, 19 de febrero de 2008
El clásico del verano
En una reciente columna de opinión de la página “Rebelión.org”, Daniel Cadabón escribió sobre lo que calificó como “El clásico del verano. Negociaciones con los docentes”.
En su enfoque, el autor habla de los aspectos de una negociación que entiende como superficial en relación con los problemas serios que atañen a la educación en el país. Se justifica la necesidad de reclamar y acceder a aumentos en los salarios de los maestros, pero repara en la verdadera preocupación de las autoridades nacionales y cada una de las autoridades provinciales: que los reclamos no ganen la calle y que el conflicto por mejores condiciones laborales no se unifique en todo el país. Cadabón además plantea que si en Buenos Aires, uno de los espacios con mayor posibilidad de conseguir recursos, los gremios aspiran a un piso salarial de 1.400 pesos, qué le puede esperar a los docentes de las provincias más remotas.
En ese contexto se desarrollan las paritarias y nadie cuestionaría los ejes de la discusión: mejor salario, mejores condiciones generales de trabajo.
Lo que se posiciona en una vereda contraria a la entendible discusión es el modo en que, de un lado y otro, se manipula la negociación para tratar de sacar rédito, sin reparar en el daño y/o la incertidumbre que se genera en incontable cantidad de familias.
Es allí donde la opinión no puede ser compartida ni con las autoridades ni con los dirigentes gremiales que se sientan en la mesa de discusión.
Desde principios de enero se hablaba de la llegada de las paritarias, pero evidentemente sólo se hablaba. No había detrás de las expresiones un trabajo serio y constante que facilitara los acuerdos de cara al comienzo de las clases. Sin embargo, el inicio del ciclo para el 3 de marzo ya había sido fijado a mediados del año pasado.
En la provincia de Buenos Aires, el 8 de febrero pasado se sentaron todas las partes a dialogar sobre reclamos y aceptaciones. “La paritaria fue un éxito” se adelantaron a decir los voceros de la Dirección General de Cultura y Educación.
La paritaria fue un éxito porque no se habló de los salarios. Los gremios dijeron, fuera de la pelea formal –es decir, sólo para los medios de prensa- que pedirían un incremento del 30 por ciento.
Días atrás se volvieron a sentar gremialistas y autoridades y los títulos hablaban de “un fracaso en las paritarias”. Esta semana se discutieron los aumentos.
La negociación quedó congelada hasta la semana que viene. Por eso, la incertidumbre sobre el inicio de las clases se extiende algunos días más. Volvió el clásico del verano: no saber hasta último momento si las clases comienzan o no.
Cada sector mira su conveniencia. Los docentes esperan hasta última hora para, mientras tanto, acusar el gobierno de no querer acceder a los reclamos y entonces poner en peligro el inicio de las clases. Las autoridades también esperan hasta última hora apelando a que la comunidad despotrique contra los docentes por su presunta insensibilidad, por mantener el suspenso respecto del retorno a las aulas.
El suspenso lo mantienen los dos: gremios y autoridades. Y cada uno lo hace con la intención subyacente de llevar agua a su molino. Como decíamos hace prácticamente un año, en medio de la disputa, con la mochila armada y el guardapolvo listo, esperaban miles y miles de chicos.
En su enfoque, el autor habla de los aspectos de una negociación que entiende como superficial en relación con los problemas serios que atañen a la educación en el país. Se justifica la necesidad de reclamar y acceder a aumentos en los salarios de los maestros, pero repara en la verdadera preocupación de las autoridades nacionales y cada una de las autoridades provinciales: que los reclamos no ganen la calle y que el conflicto por mejores condiciones laborales no se unifique en todo el país. Cadabón además plantea que si en Buenos Aires, uno de los espacios con mayor posibilidad de conseguir recursos, los gremios aspiran a un piso salarial de 1.400 pesos, qué le puede esperar a los docentes de las provincias más remotas.
En ese contexto se desarrollan las paritarias y nadie cuestionaría los ejes de la discusión: mejor salario, mejores condiciones generales de trabajo.
Lo que se posiciona en una vereda contraria a la entendible discusión es el modo en que, de un lado y otro, se manipula la negociación para tratar de sacar rédito, sin reparar en el daño y/o la incertidumbre que se genera en incontable cantidad de familias.
Es allí donde la opinión no puede ser compartida ni con las autoridades ni con los dirigentes gremiales que se sientan en la mesa de discusión.
Desde principios de enero se hablaba de la llegada de las paritarias, pero evidentemente sólo se hablaba. No había detrás de las expresiones un trabajo serio y constante que facilitara los acuerdos de cara al comienzo de las clases. Sin embargo, el inicio del ciclo para el 3 de marzo ya había sido fijado a mediados del año pasado.
En la provincia de Buenos Aires, el 8 de febrero pasado se sentaron todas las partes a dialogar sobre reclamos y aceptaciones. “La paritaria fue un éxito” se adelantaron a decir los voceros de la Dirección General de Cultura y Educación.
La paritaria fue un éxito porque no se habló de los salarios. Los gremios dijeron, fuera de la pelea formal –es decir, sólo para los medios de prensa- que pedirían un incremento del 30 por ciento.
Días atrás se volvieron a sentar gremialistas y autoridades y los títulos hablaban de “un fracaso en las paritarias”. Esta semana se discutieron los aumentos.
La negociación quedó congelada hasta la semana que viene. Por eso, la incertidumbre sobre el inicio de las clases se extiende algunos días más. Volvió el clásico del verano: no saber hasta último momento si las clases comienzan o no.
Cada sector mira su conveniencia. Los docentes esperan hasta última hora para, mientras tanto, acusar el gobierno de no querer acceder a los reclamos y entonces poner en peligro el inicio de las clases. Las autoridades también esperan hasta última hora apelando a que la comunidad despotrique contra los docentes por su presunta insensibilidad, por mantener el suspenso respecto del retorno a las aulas.
El suspenso lo mantienen los dos: gremios y autoridades. Y cada uno lo hace con la intención subyacente de llevar agua a su molino. Como decíamos hace prácticamente un año, en medio de la disputa, con la mochila armada y el guardapolvo listo, esperaban miles y miles de chicos.
El camino para marcar diferencias
En reiteradas columnas periodísticas de los más variados temas de actualidad –política, investigaciones judiciales o policiales, deportivas, entre otros- se habla de lo saludable de encarar medidas “a fondo”. Cuando se habla de investigaciones judiciales, en general se suele hacer referencia a la necesidad de encontrar a los culpables y llevar la revisión de lo ocurrido “hasta las últimas consecuencias”. En deporte, ese deseo suele estar emparentado, por ejemplo, por la erradicación de la violencia o de los violentos que empañan los espectáculos.
En política, la expresión de deseo de “ir a fondo” suele ligarse a la necesidad de los vecinos de notar acciones transparentes o, en todo caso, que castiguen a los que no se atan a esa transparencia.
Porque los ejemplos abundan, la opinión popular suele inclinarse hacia el pensamiento que indica que en la función pública se permite mucho más que en ámbito privado. Y que esos límites son aún más laxos si se trata investigar malos comportamientos. Pensar en un castigo laboral ejemplar en un contexto de administración pública, para los que miran a ese ámbito desde afuera suele parecer utópico.
Con todo, en el marco de los primeros pasos de la gestión municipal, la semana pasada se adoptaron un par de medidas que deberían marcar el sendero a seguir en lo que resta de los cuatro años de gestión.
Tanto la intendenta Graciela Rosso como el secretario de Gobierno Humberto Guibaud recolectaron gran cantidad de pruebas para decidir la suspensión preventiva del cargo del tesorero que manejó las cuentas en los últimos años de la gestión de Miguel Ángel Prince. Y pedirle al Concejo Deliberante, por tratarse de un cargo de ley, que analice las pruebas y acompañe la decisión del Ejecutivo de dejar cesante a este funcionario.
Pasos similares se dieron al abrir un sumario interno y radicar una denuncia policial ante una agresión que el agente municipal y secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, Enrique Peñalba, le propinó al funcionario Julio García.
Si se tienen sospechas de manejos irregulares en los fondos públicos, ese funcionario no tiene lugar en la administración, al menos hasta que realice su defensa y, en todo caso, demuestre lo contrario. Y si un agente, gremialista o funcionario tiene actitudes violentas para expresar sus diferencias, tampoco hay espacio dentro de la estructura comunal para apañar su comportamiento.
Si con el correr de las investigaciones de ambos casos, la gestión municipal se mantiene firme en el camino emprendido la semana pasada, se estará marcando una notable diferencia con la gestión anterior. En la gestión saliente, Peñalba protagonizó un escándalo, invitó a pelear e insultó a quienes pensaban distinto en el marco de una sesión del Concejo Deliberante; el gobierno lo respaldó. Peñalba defendía al presidente del Concejo, integrante de la entonces bancada oficialista, acusado de tener relación con vuelcos clandestinos de tanques atmosféricos; también se respaldó al acusado. La entonces directora de Viviendas fue procesada por una investigación de venta de lotes bajo custodia municipal; otra protegida hasta el término de la gestión. Y jamás se tejieron sospechas sobre el ahora suspendido tesorero municipal.
Si Rosso quiere marcar diferencias con la gestión anterior, las medidas anunciadas para con el tesorero y el agente golpeador pueden marcar el rumbo.
En política, la expresión de deseo de “ir a fondo” suele ligarse a la necesidad de los vecinos de notar acciones transparentes o, en todo caso, que castiguen a los que no se atan a esa transparencia.
Porque los ejemplos abundan, la opinión popular suele inclinarse hacia el pensamiento que indica que en la función pública se permite mucho más que en ámbito privado. Y que esos límites son aún más laxos si se trata investigar malos comportamientos. Pensar en un castigo laboral ejemplar en un contexto de administración pública, para los que miran a ese ámbito desde afuera suele parecer utópico.
Con todo, en el marco de los primeros pasos de la gestión municipal, la semana pasada se adoptaron un par de medidas que deberían marcar el sendero a seguir en lo que resta de los cuatro años de gestión.
Tanto la intendenta Graciela Rosso como el secretario de Gobierno Humberto Guibaud recolectaron gran cantidad de pruebas para decidir la suspensión preventiva del cargo del tesorero que manejó las cuentas en los últimos años de la gestión de Miguel Ángel Prince. Y pedirle al Concejo Deliberante, por tratarse de un cargo de ley, que analice las pruebas y acompañe la decisión del Ejecutivo de dejar cesante a este funcionario.
Pasos similares se dieron al abrir un sumario interno y radicar una denuncia policial ante una agresión que el agente municipal y secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, Enrique Peñalba, le propinó al funcionario Julio García.
Si se tienen sospechas de manejos irregulares en los fondos públicos, ese funcionario no tiene lugar en la administración, al menos hasta que realice su defensa y, en todo caso, demuestre lo contrario. Y si un agente, gremialista o funcionario tiene actitudes violentas para expresar sus diferencias, tampoco hay espacio dentro de la estructura comunal para apañar su comportamiento.
Si con el correr de las investigaciones de ambos casos, la gestión municipal se mantiene firme en el camino emprendido la semana pasada, se estará marcando una notable diferencia con la gestión anterior. En la gestión saliente, Peñalba protagonizó un escándalo, invitó a pelear e insultó a quienes pensaban distinto en el marco de una sesión del Concejo Deliberante; el gobierno lo respaldó. Peñalba defendía al presidente del Concejo, integrante de la entonces bancada oficialista, acusado de tener relación con vuelcos clandestinos de tanques atmosféricos; también se respaldó al acusado. La entonces directora de Viviendas fue procesada por una investigación de venta de lotes bajo custodia municipal; otra protegida hasta el término de la gestión. Y jamás se tejieron sospechas sobre el ahora suspendido tesorero municipal.
Si Rosso quiere marcar diferencias con la gestión anterior, las medidas anunciadas para con el tesorero y el agente golpeador pueden marcar el rumbo.
De positivo, debe pasar a fructífero
El método de trabajo, a simple vista, parece acertado. Trasladar el gabinete provincial a un municipio, llegar junto al gobernador, y en esa ciudad escuchar los planteos urgentes que tengan para realizar los responsables de cada área de gobierno comunal. Eso fue lo que sucedió el jueves en el Museo Municipal de Bellas Artes y el trabajo se extendió durante más de dos horas.
Para realizar una tarea ordenada y que no se dispersara en grandes alocuciones, lo que se pidió desde Gobernación fue que los secretarios o directores presentaran los títulos de las necesidades de su área. Ante ello, los ministros expondrían respuestas y eventuales soluciones.
Los funcionarios locales hicieron los deberes. Cada uno llevó un informe de situación y resumieron cada concepto con pedidos concretos. Entre otras cosas, se solicitó maquinaria para arreglar caminos rurales y para prestar los servicios urbanos; más patrulleros; más personal policial que permita disminuir el tamaño actual de las cuadrículas; dinero para refaccionar 21 de los 22 centros de atención primaria que se esparcen en toda la geografía local; destrabar la burocracia que impide la llegada a dos barrios de Luján de salas de primeros auxilios con todo su equipamiento; dinero constante y sonante para enfrentar parte de la deuda heredada, 21 millones de pesos, y lo que la comuna tarde o temprano -millón más, millón menos- tendrá que erogar de los cerca de 12 millones de pesos por los que está demandada en 60 juicios. También se pidió la apertura de líneas de crédito blando para que las pequeñas y medianas empresas -todas, no sólo las que por diferentes razones o contactos caían simpáticas al gobierno de turno- accedan a dinero que les permita soñar con un crecimiento productivo; mejoras edilicias en establecimientos escolares, y dinero para la puesta en marcha de la planta depuradora y del nuevo espacio para el depósito y selección de los residuos sólidos urbanos.
El método de trabajo tiene otra particularidad positiva: todo se habló delante de los medios de prensa. Por esa razón, el jueves quedó establecida y difundida una gran cantidad de promesas que ahora deberán concretarse.
Sólo de esa manera, lo que hoy se vislumbra como positivo pasará a ser fructífero.
Lo contrario sería el paso del tiempo sin que se realicen las obras que prometió la ministra de Infraestructura; sin que lleguen las aulas que ofrendó el director de Cultura y Educación; sin que se gire el dinero que aseguró el ministro de Salud; sin que lleguen los canales de financiamiento que prometieron los responsables del Banco Provincia y de Producción o la capacitación que se describió desde el área de Trabajo.
Si eso pasa, es decir, si el tiempo pasa y las promesas no se concretan, el jueves, entonces, sólo asistimos a una muy ordenada puesta en escena, para que los medios tengan material de sobra para sus horas o páginas de información.
Para realizar una tarea ordenada y que no se dispersara en grandes alocuciones, lo que se pidió desde Gobernación fue que los secretarios o directores presentaran los títulos de las necesidades de su área. Ante ello, los ministros expondrían respuestas y eventuales soluciones.
Los funcionarios locales hicieron los deberes. Cada uno llevó un informe de situación y resumieron cada concepto con pedidos concretos. Entre otras cosas, se solicitó maquinaria para arreglar caminos rurales y para prestar los servicios urbanos; más patrulleros; más personal policial que permita disminuir el tamaño actual de las cuadrículas; dinero para refaccionar 21 de los 22 centros de atención primaria que se esparcen en toda la geografía local; destrabar la burocracia que impide la llegada a dos barrios de Luján de salas de primeros auxilios con todo su equipamiento; dinero constante y sonante para enfrentar parte de la deuda heredada, 21 millones de pesos, y lo que la comuna tarde o temprano -millón más, millón menos- tendrá que erogar de los cerca de 12 millones de pesos por los que está demandada en 60 juicios. También se pidió la apertura de líneas de crédito blando para que las pequeñas y medianas empresas -todas, no sólo las que por diferentes razones o contactos caían simpáticas al gobierno de turno- accedan a dinero que les permita soñar con un crecimiento productivo; mejoras edilicias en establecimientos escolares, y dinero para la puesta en marcha de la planta depuradora y del nuevo espacio para el depósito y selección de los residuos sólidos urbanos.
El método de trabajo tiene otra particularidad positiva: todo se habló delante de los medios de prensa. Por esa razón, el jueves quedó establecida y difundida una gran cantidad de promesas que ahora deberán concretarse.
Sólo de esa manera, lo que hoy se vislumbra como positivo pasará a ser fructífero.
Lo contrario sería el paso del tiempo sin que se realicen las obras que prometió la ministra de Infraestructura; sin que lleguen las aulas que ofrendó el director de Cultura y Educación; sin que se gire el dinero que aseguró el ministro de Salud; sin que lleguen los canales de financiamiento que prometieron los responsables del Banco Provincia y de Producción o la capacitación que se describió desde el área de Trabajo.
Si eso pasa, es decir, si el tiempo pasa y las promesas no se concretan, el jueves, entonces, sólo asistimos a una muy ordenada puesta en escena, para que los medios tengan material de sobra para sus horas o páginas de información.
El menosprecio hacia la política
Un pacto de Olivos volvió a las tapas de los grandes medios de prensa. En este caso, el apretón de manos a espaldas del pueblo no fue con argumentos vinculados con el sostenimiento de la democracia, sino que se trató de una repartija partidaria, si se lo mira desde una vereda, o de una conquista más en el afán por conseguir la hegemonía en el poder, si se busca otra visión posible.
A escasos meses de enfrentar en elecciones al gobierno nacional, con críticas de su “política de la avestruz” ante los problemas, sus dibujados números del INDEC, su manera de enfrentar la crisis energética, su política de control de precios y su relación con el presidente venezolano Hugo Chávez, entre otras diferencias, el ex candidato a presidente por UNA (Una Nación Avanzada), Roberto Lavagna, pactó con el ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, sumarse a su proyecto de reorganización del Partido Justicialista, ni más ni menos que la maquinaria electoral que llevó a Kirchner y más tarde a su esposa a la Presidencia de la Argentina.
Lavagna, suelto de cuerpo, intenta explicar lo evidente. Según él, su propuesta jamás fue opositora, sino que “era una alternativa”. Hoy, con la foto del pacto, más de 3 millones de argentinos que le aportaron su voto a la “alternativa” Lavagna se sienten defraudados. Muchos se pellizcan para confirmar si es verdad que, una vez más, un político en campaña los engañó con su discurso.
Uno de los caminos posibles para entender las acciones de los políticos que tienen, en mayor o menor medida, alguna cuota de poder, es analizando las razones concretas para las cuales quieren acceder a posiciones públicas.
Para ello, el primer ejercicio necesario es el de evadir sus explicaciones sobre las razones que ellos dicen sostener al meterse de lleno en la política. En la gran mayoría de los casos -no diremos en todos porque es feo generalizar- dirán que quieren llegar al poder para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. En razón de verdad, no mienten; en todo caso, dicen la verdad con matices. Porque personajes como Lavagna o Borocotó (para citar los ejemplos más a mano) quieren meterse en política y, una vez dentro, en realidad lo que quieren es mejorar su calidad de vida. Y como ellos forman parte de todos los ciudadanos, no están mintiendo.
Los políticos que “se meten” en las grandes ligas de la política y durante décadas sostienen una ideología, más allá de las conveniencias personales y circunstanciales, se transformaron en una especie en extinción. Si se responde a esas características, sus colegas de la política lo miran con cara extraña.
De hecho, el menosprecio hacia la política como la manera de modificar las realidades adversas de los ciudadanos se transformó en moneda cotidiana. Tanto que en las últimas elecciones, ciertos candidatos -incluso los locales- planteaban a sus potenciales votantes que su propuesta no tenía ideología. De esa manera, sin nada a qué atarse, es mucho más fácil pegar saltos partidarios en el futuro. ¿Y los votantes? Si te he prometido, no me acuerdo.
A escasos meses de enfrentar en elecciones al gobierno nacional, con críticas de su “política de la avestruz” ante los problemas, sus dibujados números del INDEC, su manera de enfrentar la crisis energética, su política de control de precios y su relación con el presidente venezolano Hugo Chávez, entre otras diferencias, el ex candidato a presidente por UNA (Una Nación Avanzada), Roberto Lavagna, pactó con el ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, sumarse a su proyecto de reorganización del Partido Justicialista, ni más ni menos que la maquinaria electoral que llevó a Kirchner y más tarde a su esposa a la Presidencia de la Argentina.
Lavagna, suelto de cuerpo, intenta explicar lo evidente. Según él, su propuesta jamás fue opositora, sino que “era una alternativa”. Hoy, con la foto del pacto, más de 3 millones de argentinos que le aportaron su voto a la “alternativa” Lavagna se sienten defraudados. Muchos se pellizcan para confirmar si es verdad que, una vez más, un político en campaña los engañó con su discurso.
Uno de los caminos posibles para entender las acciones de los políticos que tienen, en mayor o menor medida, alguna cuota de poder, es analizando las razones concretas para las cuales quieren acceder a posiciones públicas.
Para ello, el primer ejercicio necesario es el de evadir sus explicaciones sobre las razones que ellos dicen sostener al meterse de lleno en la política. En la gran mayoría de los casos -no diremos en todos porque es feo generalizar- dirán que quieren llegar al poder para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. En razón de verdad, no mienten; en todo caso, dicen la verdad con matices. Porque personajes como Lavagna o Borocotó (para citar los ejemplos más a mano) quieren meterse en política y, una vez dentro, en realidad lo que quieren es mejorar su calidad de vida. Y como ellos forman parte de todos los ciudadanos, no están mintiendo.
Los políticos que “se meten” en las grandes ligas de la política y durante décadas sostienen una ideología, más allá de las conveniencias personales y circunstanciales, se transformaron en una especie en extinción. Si se responde a esas características, sus colegas de la política lo miran con cara extraña.
De hecho, el menosprecio hacia la política como la manera de modificar las realidades adversas de los ciudadanos se transformó en moneda cotidiana. Tanto que en las últimas elecciones, ciertos candidatos -incluso los locales- planteaban a sus potenciales votantes que su propuesta no tenía ideología. De esa manera, sin nada a qué atarse, es mucho más fácil pegar saltos partidarios en el futuro. ¿Y los votantes? Si te he prometido, no me acuerdo.
lunes, 4 de febrero de 2008
Piedra libre para la información
A través un método de ordenamiento y difusión de la información que la gestión municipal saliente entregó como herencia a la flamante administración, este medio pudo saber que la intendenta Graciela Rosso designó a una importante cantidad de colaboradores, la mayoría de ellos bajo el cargo de directores o subdirectores.
Ingresaron directores y subdirectores de Teatro y Eventos, del Museo de Bellas Artes, de Tránsito, de Depósito, de Planeamiento, entre otros, y también personal de planta temporaria o permanente para reparticiones municipales o delegaciones de las localidades. Pero nada se dijo al respecto. No se informaron los nombres y los cargos, y mucho menos los antecedentes de cada uno de los elegidos para esas funciones. Hoy este medio aporta algo de información al respecto, por considerarlo uno de los pilares para entender, analizar y en todo caso elogiar o criticar a una gestión.
No se entiende qué es lo que se busca ocultar o, en todo caso, por qué se empecinan desde el gobierno en demorar la llegada de la información a los vecinos. A casi dos meses de la asunción, se desconocen los nombres de gran parte de los funcionarios, a pesar de que hace semanas que fueron designados.
En virtud a la verdad, se cuenta con una notable ventaja comparativa contrastando las prácticas de la anterior gestión: el intendente Miguel Ángel Prince había llenado la estructura de gobierno con amigos y conocidos que ni siquiera recordaban el nombre completo de su cargo o que no sabían explicar específicamente qué era lo que hacían en la función pública.
Suena grotesco, pero una de las personas que durante los años de gobierno de Prince cobraba un salario muy digno para el bolsillo de un trabajador, explicó ante las nuevas autoridades que su tarea específica era saludar a los familiares de las personas que fallecían y que, por alguna razón, eran conocidos en el ámbito comunal. Y que si la relación era un tanto más estrecha, esta persona empleada por el intendente se acercaba al velatorio y/o el entierro.
También se descubrió en estos días la designación con una presunta tarea docente de una persona que jamás apareció por su puesto de trabajo y que, además, tampoco cumple con el presentismo en el horario establecido en su otro trabajo dentro del Estado.
Por eso, si lo que se encuentra en la revisión de la herencia causa sorpresa e indignación y públicamente se insiste en la idea de desarrollar una administración muy diferente a la anterior, menos aún se entiende el ocultamiento de las designaciones, nombramientos y bajas dentro de la estructura de gobierno.
La gestión municipal recién se inicia y hay tiempo para trazar rumbos correctos que demuestren la voluntad de apuntar a la transparencia y a la eficiencia dentro de la Municipalidad. No hay vicios o compromisos de larga data que condicionen el accionar. En ese contexto, la información amplia y clara sobre las acciones públicas tiene que ser un pilar fundamental.
Ingresaron directores y subdirectores de Teatro y Eventos, del Museo de Bellas Artes, de Tránsito, de Depósito, de Planeamiento, entre otros, y también personal de planta temporaria o permanente para reparticiones municipales o delegaciones de las localidades. Pero nada se dijo al respecto. No se informaron los nombres y los cargos, y mucho menos los antecedentes de cada uno de los elegidos para esas funciones. Hoy este medio aporta algo de información al respecto, por considerarlo uno de los pilares para entender, analizar y en todo caso elogiar o criticar a una gestión.
No se entiende qué es lo que se busca ocultar o, en todo caso, por qué se empecinan desde el gobierno en demorar la llegada de la información a los vecinos. A casi dos meses de la asunción, se desconocen los nombres de gran parte de los funcionarios, a pesar de que hace semanas que fueron designados.
En virtud a la verdad, se cuenta con una notable ventaja comparativa contrastando las prácticas de la anterior gestión: el intendente Miguel Ángel Prince había llenado la estructura de gobierno con amigos y conocidos que ni siquiera recordaban el nombre completo de su cargo o que no sabían explicar específicamente qué era lo que hacían en la función pública.
Suena grotesco, pero una de las personas que durante los años de gobierno de Prince cobraba un salario muy digno para el bolsillo de un trabajador, explicó ante las nuevas autoridades que su tarea específica era saludar a los familiares de las personas que fallecían y que, por alguna razón, eran conocidos en el ámbito comunal. Y que si la relación era un tanto más estrecha, esta persona empleada por el intendente se acercaba al velatorio y/o el entierro.
También se descubrió en estos días la designación con una presunta tarea docente de una persona que jamás apareció por su puesto de trabajo y que, además, tampoco cumple con el presentismo en el horario establecido en su otro trabajo dentro del Estado.
Por eso, si lo que se encuentra en la revisión de la herencia causa sorpresa e indignación y públicamente se insiste en la idea de desarrollar una administración muy diferente a la anterior, menos aún se entiende el ocultamiento de las designaciones, nombramientos y bajas dentro de la estructura de gobierno.
La gestión municipal recién se inicia y hay tiempo para trazar rumbos correctos que demuestren la voluntad de apuntar a la transparencia y a la eficiencia dentro de la Municipalidad. No hay vicios o compromisos de larga data que condicionen el accionar. En ese contexto, la información amplia y clara sobre las acciones públicas tiene que ser un pilar fundamental.
Termina el mes de gracia
El jueves se cierra un mes atípico para la administración municipal. Las nuevas autoridades de gobierno desembarcaron con la novedosa iniciativa de la feria durante todo enero. Y dijeron y reiteraron que la propuesta apuntaba a ordenar la compleja herencia recibida por funcionarios que quién sabe en qué sillones públicos han caído.
Se pretendía, al menos en el anuncio, revisar en detalle la deuda municipal estimada en millones; observar los pormenores de no menos millonarios juicios que enfrenta la comuna; analizar el entramado de la plantilla de empleados municipales y definir las políticas que se realizarán con los elementos efectivos con lo que cuenta la gestión de Graciela Rosso.
Lo cierto es que la iniciativa está en sus últimas horas y genera expectativa saber cuáles serán las conclusiones. En ese período de gracia, tanto la intendenta como sus funcionarios sólo dieron pinceladas de lo que había detrás del velo que supieron construir quienes acompañaron en el gobierno a Miguel Prince.
Se supo, a cuentagotas, que la plantilla de empleados tenía errores, horrores y perdones. Se estima que había pasantes cumpliendo tareas en condiciones que no le son propias a esos trabajadores. Se cree que también había mucho por revisar en los contratos y en los cursos para acceder a un puesto. También aseguraron los funcionarios que las licencias por enfermedad no se otorgaban de manera estricta, sino todo lo contrario.
En relación con la deuda y -vinculado con ello- con los modos que tenía el municipio para comprar con dinero público, también se estima que había tela para cortar. Gran cantidad de proveedores intentan conseguir documentos que le ayuden a justificar la morosidad oficial.
Por eso, después del mes de “revisión”, es saludable para la ciudadanía conocer con exactitud cuánto debe la Municipalidad, de qué manera piensa pagar y de qué modo mejorará la manera de comprar o de abastecerse para incrementar la transparencia.
También se debe conocer cuántos juicios quedan en pie, quiénes son los demandantes y qué chances hay de conseguir acuerdos que permitan ahorros.
Pero no todo lo heredado debe terminar de analizarse e informarlo en detalle. Hay acciones y decisiones que se comenzaron a tomar a partir del 10 de diciembre, y que merecen informarse con todos sus pormenores. Por ejemplo, saber cómo queda conformado el gabinete y así determinar si la mediática decisión de borrar del mapa a los coordinadores fue el marco de una real política de ahorro o si en realidad lo único que se hizo fue cambiar nombres o denominaciones, pero el plantel de funcionarios sigue tan superpoblado como en años anteriores.
Se pretendía, al menos en el anuncio, revisar en detalle la deuda municipal estimada en millones; observar los pormenores de no menos millonarios juicios que enfrenta la comuna; analizar el entramado de la plantilla de empleados municipales y definir las políticas que se realizarán con los elementos efectivos con lo que cuenta la gestión de Graciela Rosso.
Lo cierto es que la iniciativa está en sus últimas horas y genera expectativa saber cuáles serán las conclusiones. En ese período de gracia, tanto la intendenta como sus funcionarios sólo dieron pinceladas de lo que había detrás del velo que supieron construir quienes acompañaron en el gobierno a Miguel Prince.
Se supo, a cuentagotas, que la plantilla de empleados tenía errores, horrores y perdones. Se estima que había pasantes cumpliendo tareas en condiciones que no le son propias a esos trabajadores. Se cree que también había mucho por revisar en los contratos y en los cursos para acceder a un puesto. También aseguraron los funcionarios que las licencias por enfermedad no se otorgaban de manera estricta, sino todo lo contrario.
En relación con la deuda y -vinculado con ello- con los modos que tenía el municipio para comprar con dinero público, también se estima que había tela para cortar. Gran cantidad de proveedores intentan conseguir documentos que le ayuden a justificar la morosidad oficial.
Por eso, después del mes de “revisión”, es saludable para la ciudadanía conocer con exactitud cuánto debe la Municipalidad, de qué manera piensa pagar y de qué modo mejorará la manera de comprar o de abastecerse para incrementar la transparencia.
También se debe conocer cuántos juicios quedan en pie, quiénes son los demandantes y qué chances hay de conseguir acuerdos que permitan ahorros.
Pero no todo lo heredado debe terminar de analizarse e informarlo en detalle. Hay acciones y decisiones que se comenzaron a tomar a partir del 10 de diciembre, y que merecen informarse con todos sus pormenores. Por ejemplo, saber cómo queda conformado el gabinete y así determinar si la mediática decisión de borrar del mapa a los coordinadores fue el marco de una real política de ahorro o si en realidad lo único que se hizo fue cambiar nombres o denominaciones, pero el plantel de funcionarios sigue tan superpoblado como en años anteriores.
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