El camino para marcar diferencias

En reiteradas columnas periodísticas de los más variados temas de actualidad –política, investigaciones judiciales o policiales, deportivas, entre otros- se habla de lo saludable de encarar medidas “a fondo”. Cuando se habla de investigaciones judiciales, en general se suele hacer referencia a la necesidad de encontrar a los culpables y llevar la revisión de lo ocurrido “hasta las últimas consecuencias”. En deporte, ese deseo suele estar emparentado, por ejemplo, por la erradicación de la violencia o de los violentos que empañan los espectáculos.
En política, la expresión de deseo de “ir a fondo” suele ligarse a la necesidad de los vecinos de notar acciones transparentes o, en todo caso, que castiguen a los que no se atan a esa transparencia.
Porque los ejemplos abundan, la opinión popular suele inclinarse hacia el pensamiento que indica que en la función pública se permite mucho más que en ámbito privado. Y que esos límites son aún más laxos si se trata investigar malos comportamientos. Pensar en un castigo laboral ejemplar en un contexto de administración pública, para los que miran a ese ámbito desde afuera suele parecer utópico.
Con todo, en el marco de los primeros pasos de la gestión municipal, la semana pasada se adoptaron un par de medidas que deberían marcar el sendero a seguir en lo que resta de los cuatro años de gestión.
Tanto la intendenta Graciela Rosso como el secretario de Gobierno Humberto Guibaud recolectaron gran cantidad de pruebas para decidir la suspensión preventiva del cargo del tesorero que manejó las cuentas en los últimos años de la gestión de Miguel Ángel Prince. Y pedirle al Concejo Deliberante, por tratarse de un cargo de ley, que analice las pruebas y acompañe la decisión del Ejecutivo de dejar cesante a este funcionario.
Pasos similares se dieron al abrir un sumario interno y radicar una denuncia policial ante una agresión que el agente municipal y secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, Enrique Peñalba, le propinó al funcionario Julio García.
Si se tienen sospechas de manejos irregulares en los fondos públicos, ese funcionario no tiene lugar en la administración, al menos hasta que realice su defensa y, en todo caso, demuestre lo contrario. Y si un agente, gremialista o funcionario tiene actitudes violentas para expresar sus diferencias, tampoco hay espacio dentro de la estructura comunal para apañar su comportamiento.
Si con el correr de las investigaciones de ambos casos, la gestión municipal se mantiene firme en el camino emprendido la semana pasada, se estará marcando una notable diferencia con la gestión anterior. En la gestión saliente, Peñalba protagonizó un escándalo, invitó a pelear e insultó a quienes pensaban distinto en el marco de una sesión del Concejo Deliberante; el gobierno lo respaldó. Peñalba defendía al presidente del Concejo, integrante de la entonces bancada oficialista, acusado de tener relación con vuelcos clandestinos de tanques atmosféricos; también se respaldó al acusado. La entonces directora de Viviendas fue procesada por una investigación de venta de lotes bajo custodia municipal; otra protegida hasta el término de la gestión. Y jamás se tejieron sospechas sobre el ahora suspendido tesorero municipal.
Si Rosso quiere marcar diferencias con la gestión anterior, las medidas anunciadas para con el tesorero y el agente golpeador pueden marcar el rumbo.